El sector asegurador está regulado por un amplio marco normativo, que evoluciona constantemente y que condiciona su desarrollo. SegurCaixa Adeslas cumple estrictamente con lo que establece la legislación aprobada a lo largo del año:
•La Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible, la cual a introducido importantes modificaciones en leyes de diversos ámbitos, como el deber de información al tomador en seguros, la protección de datos de carácter personal y la mediación en seguros privados.
•La Ley 12/2011, de 27 de mayo sobre Responsabilidad Civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, que regula las garantías, entre ellas las pólizas que por este riesgo deben tener contratadas los operadores de este sector.
•La Ley 25/2011 de Reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital (RCL 2010\1792, 2400) y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-7-2007 (LCEur 2007\1230), sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, por la que se establecen nuevas obligaciones de información a los accionistas y creación de la sede electrónica que afecta a la publicación de las convocatorias de Juntas Generales.
•La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública, que establece los principios de actuación en materia de salud aplicable a las administraciones públicas y, cuando así se establece, al sector privado.
•El Real Decreto 1386/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004 de 20 de febrero, y que establece una nueva regulación para los vientos extraordinarios.
•El Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre. Modifica el Real Decreto 764/2010 de 11-6-2010 (RCL 2010\1558, 1775), por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17-7-2006 (RCL2006\1437), de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
•La sentencia de 1/03/2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-236/09 (Test-Achats), por la que se deroga el párrafo segundo del artículo 5 de la Directiva 2004/113/CE, relativa a la excepción de no tener en cuenta el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones.
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